Cataluña declara 140 municipios como zona tensa: Un análisis de las repercusiones
El pasado 15 de marzo de 2024, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana oficializó en el Boletín Oficial del Estado la declaración de la Generalitat de Cataluña sobre un conjunto de 140 municipios como área tensa, con una vigencia de tres años a partir del 16 de marzo de 2024. Entre los municipios afectados se encuentran ciudades importantes como Barcelona, Girona y Tarragona. Esta medida responde a los desafíos del mercado de alquiler en Cataluña, donde la demanda supera la oferta.
En Finques Campanyà te realizamos un análisis de las repercusiones principales que conllevan estos cambios.
La definición de gran tenedor se establece para personas físicas o jurídicas que posean cinco o más inmuebles residenciales en el área tensa o más de diez en toda España. Además, se imponen nuevas obligaciones de transparencia e información para los profesionales inmobiliarios, como informar a los posibles arrendatarios sobre la situación de área tensa y detallar la última renta y el valor según el índice de referencia de precios de alquiler de vivienda.
Se introducen bonificaciones fiscales para contratos de arrendamiento en la zona tensa, como reducciones del rendimiento neto positivo de hasta un 90%. También se permite un incremento adicional del 10% en la renta en ciertos casos, como rehabilitación de la vivienda.
En cuanto a los supuestos de arrendamiento, se establecen diferentes escenarios según la situación del arrendador y la vivienda. Por ejemplo, si la vivienda se encuentra en una zona no tensa, la renta será libremente fijada por las partes. En el caso de viviendas en zona tensa con un arrendador pequeño tenedor, la renta no podrá exceder la última renta del contrato anterior, con la posibilidad de aplicar aumentos adicionales.
Para las viviendas arrendadas por grandes tenedores en los últimos cinco años, se debe calcular la renta según ciertos criterios y compararla con el límite máximo del precio aplicable según el nuevo sistema de índices de precios estatal.
En definitiva, estas medidas buscan equilibrar las relaciones entre arrendadores e inquilinos y abordar las tensiones del mercado de alquiler en Cataluña, proporcionando un marco regulatorio que promueva la estabilidad y la transparencia en el sector.
