Nueva ley de la vivienda en España: ¿Qué derechos tendrán los inquilinos?

La nueva Ley de Vivienda amplía el período de tiempo para los límites de actualización de alquiler, identifica las áreas tensionadas, termina con el pago por parte de los inquilinos de los honorarios de las inmobiliarias y examina los desalojos y las ocupaciones ilegales.

 

En Finques Campanyà nos centramos en los derechos de los inquilinos tras la entrada en vigor de la nueva normativa.

 

Ante la implacable subida de la inflación, el Gobierno aprobó hace poco más de un año un real decreto-ley para evitar que durante 2022 se actualizara el IPC en los contratos de arrendamiento vigentes. Para ello, fijó un tope a estas subidas en el 2%, que el Consejo de Ministros amplió hasta 2023. Ahora, según la información facilitada por ERC y Bildu, este límite será del 3% en 2024, ya partir de 2025 se utilizará un índice aún por determinar; sin embargo, el cálculo detrás de esto aún no está claro, explican fuentes de la Agencia de Negociación de Alquileres (ANA).

 

Estas revisiones anuales ya no estarán relacionadas con el IPC de esta manera. Teniendo en cuenta que existe una norma de rango superior que establece límites diferentes (2% para 2023 y 3% para 2024), en realidad no importa que el contrato firmado en su momento estableciera la actualización con el Índice de Precios al Consumo.

 

Es importante tener en cuenta que los contratos de alquiler suelen tener una duración de un año, aunque pueden prorrogarse hasta cinco años si el propietario es una persona y hasta siete años si es una persona jurídica. El inquilino no puede ser desalojado a menos que el propietario pueda demostrar que necesita la casa para él o un familiar, y las actualizaciones son posibles durante este período de validez cada doce meses.

 

La disposición final quinta, por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir “mejoras en la regulación del procedimiento de desahucio en situación de vulnerabilidad”, es otro aspecto importante de la ley que trata de los desahucios y la okupación. En este sentido, para ser implementada, la nueva norma requiere especificar la fecha y hora de lanzamiento.